La Oficina antidesahucios ofrece una guía informativa sobre la moratoria de las hipotecas

Según el Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el gobierno español ha abierto un periodo para pedir una moratoria del pago de las cuotas de la hipoteca. Los afectados deben contactar con sus entidades bancarias para iniciar la reclamación a través de las plataformas que habiliten y hasta quince días después de que finalice la vigencia de las medidas extraordinarias previstas en el Real Decreto Ley.

La concejala del área de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol afirma que "Oficina antidesahucios se creó para ayudar a la ciudadanía y en estos momentos lo volvemos a demostrar. Ofrecemos una guía informativa y unos formularios tipo para facilitar las solicitudes que se presentarán a las entidades bancarias. Estarán disponibles a través de la página web del Ayuntamiento ". Asimismo, Truyol insiste que son las entidades bancarias las responsables de tramitar esta moratoria.

"Debemos ayudar a la ciudadanía, es nuestra responsabilidad. Por eso pedimos también al gobierno central medidas para ayudar a los pagos de los alquileres. Hay muchas maneras, y la primera que es exigir el retorno de la deuda ilegítima. Los 2.000 millones que la banca recibió de las arcas públicas ".

De acuerdo con el balance del 2019 de la Oficina antidesahucios, el 60% de los expedientes gestionados durante el año corresponden a impagos de alquiler, y el 31% a expedientes hipotecarios. "La presión está en los alquileres. Necesitamos respuestas también urgentes". Truyol incide que las competencias corresponden al gobierno español y autonómico, pero recuerda también que "desde el Ayuntamiento invertimos significativamente en el mercado de alquiler con ayudas económicas a través de la Oficina, pero ahora necesitan medidas extraordinarias para una situación extraordinaria" .

Además, a propuesta del área, el Ayuntamiento solicitó al Consejo Superior del Poder Judicial la suspensión de los trámites judiciales de lanzamientos hipotecarios, para evitar mayores perjuicios a los colectivos con riesgo.