La insularidad permite al sector agrario balear recibir más de diez millones de euros adicionales de ayudas directas de la PAC, un 36,3 % más

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha participado hoy en la Jornada de Evaluación Intermedia del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), organizada por la Red PEPAC del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Jornada ha tenido como objetivo presentar el estado de avance del Plan de Evaluación del PEPAC y dar a conocer los resultados de las primeras evaluaciones realizadas en el marco de la programación actual.

La Jornada de Evaluación Intermedia del PEPAC tiene como finalidad informar sobre el avance de las evaluaciones en marcha, divulgar los resultados obtenidos hasta la fecha y extraer aprendizajes que contribuyan a mejorar la aplicación de las medidas actuales y el diseño de la futura política agraria común. El sistema de evaluación diseñado para la PAC no solo incide en los fondos, sino también en el impacto sobre cada uno de los nueve objetivos de la PAC. El Plan de Evaluación incluye evaluaciones específicas muy importantes para el sector y que se han compartido durante la Jornada. En concreto, se ha presentado una evaluación sobre la simplificación de la PAC y una evaluación específica sobre el impacto ambiental de cada uno de los ecorregímenes.

En este contexto, Fernández ha puesto en valor los resultados obtenidos por las Illes Balears tras la negociación de la actual PAC, que permitió el reconocimiento de las singularidades del archipiélago dentro del modelo de reparto de las ayudas directas.

«Para nosotros es importante evaluar si la creación de la región insular específica ha servido o no ha servido. Fue una apuesta de la Conselleria y del Ministerio, y a ambas partes nos interesa valorar sus efectos», ha señalado el director general.

«Durante la negociación de la PAC defendimos que las Illes Balears debían contar con un tratamiento específico debido a sus especiales condicionantes territoriales, económicos y productivos. Hoy podemos constatar que aquella reivindicación ha tenido efectos positivos para nuestros agricultores y ganaderos», ha añadido.

Los datos analizados durante la Jornada muestran que las ayudas directas percibidas por el sector agrario balear han pasado de 28 millones de euros en 2022 a más de 38,2 millones de euros en 2025. Esto supone un incremento superior a los 10 millones de euros y un aumento del 36,3 % respecto al periodo anterior.

Esta evolución adquiere una relevancia especial si se tiene en cuenta que el presupuesto nacional disponible de la política agraria común se redujo aproximadamente un 10 % en la actual programación. Por otra parte, también se produjo una reducción muy significativa del número de regiones agrarias PAC, que pasaron de cincuenta a veinte, y una de ellas era la región insular. Pese a este contexto de menor disponibilidad de fondos, las Illes Balears han conseguido incrementar los importes percibidos gracias al reconocimiento de la insularidad y a la adaptación del nuevo modelo de ayudas a las características específicas del archipiélago.

La mejora se refleja también en las distintas herramientas de apoyo incorporadas por la actual PAC. La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS), que sustituye al antiguo pago básico, ha pasado de 13,7 millones de euros en 2022 a más de 18 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento superior al 31 %.

Asimismo, las ayudas asociadas agrícolas han aumentado un 64 %, de 960.000 euros en 2022 a más de 1,57 millones de euros en 2025. Por otra parte, las ayudas asociadas ganaderas han crecido más de un 8 %, de 5,3 millones de euros a cerca de 5,75 millones de euros, una evolución que refuerza el apoyo a sectores estratégicos para las Illes Balears.

Una de las principales novedades de la actual PAC es la ayuda redistributiva complementaria, una intervención que no existía en la programación anterior y que aporta más de 3,7 millones de euros adicionales al sector agrario balear. Esta ayuda está diseñada para incrementar el apoyo a las primeras hectáreas de cada explotación y, gracias a las características de las explotaciones agrarias de las Illes Balears y al reconocimiento de la singularidad insular durante la negociación de la PAC, beneficia de forma generalizada a las explotaciones del archipiélago.

Los más de 7,1 millones de euros que en la programación anterior se canalizaban mediante el «pago verde» se mantienen en la actual PAC mediante los ecorregímenes, el nuevo instrumento destinado a incentivar prácticas agrarias beneficiosas para el medio ambiente. Estas intervenciones apoyan actuaciones relacionadas con el pastoreo extensivo, la rotación de cultivos, las cubiertas vegetales o la conservación de espacios de biodiversidad.

Uno de los ejemplos más significativos de esta evolución se encuentra en el apoyo al relevo generacional. Las ayudas destinadas a jóvenes agricultores y ganaderos han pasado de 278.153 euros en 2022 a cerca de 1,93 millones de euros en 2025, lo que supone multiplicar por siete los importes percibidos y reforzar la incorporación de nuevos profesionales al sector.

Otro indicador que refleja el efecto positivo de la actual PAC es la evolución del valor medio de los derechos de ayuda. Gracias al proceso de convergencia positiva aplicado en las Illes Balears, este valor aumenta aproximadamente entre siete y ocho euros por hectárea cada año. Como resultado, se ha pasado de 122,39 euros por hectárea en el periodo anterior a superar actualmente los 170 euros por hectárea.

«Estos datos demuestran que la defensa de la insularidad ha dado resultados. Hemos conseguido que los agricultores y ganaderos de las Illes Balears reciban un apoyo más ajustado a la realidad de nuestro territorio y a los sobrecostes que supone producir en una comunidad insular», ha afirmado.

Fernández ha destacado la importancia de estos procesos de evaluación para comprobar la eficacia de las políticas públicas y garantizar que las ayudas cumplen sus objetivos económicos, sociales y ambientales. «No se trata únicamente de evaluar cuánto dinero llega al sector, sino de analizar si las medidas contribuyen realmente a mejorar la competitividad de las explotaciones, garantizar su viabilidad y avanzar hacia una agricultura más sostenible», ha concluido.