La inflación, el final de la moratoria de la Ley Concursal y los nuevos Créditos ICO podrían tener un efecto devastador en los plazos de pago

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), en el marco de la celebración de su Asamblea Abierta, ha alertado sobre que el 2022 se presenta cargado de riesgos en materia de morosidad empresarial: todos los indicadores muestran un enorme peligro de empeoramiento de los plazos de pago, que afectará especialmente a pymes y autónomos.

A tenor del presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “la inflación, el final de la moratoria de la Ley Concursal y los cambios de condiciones de los Créditos ICO podrían tener un efecto devastador en los plazos de pago, incrementando las empresas zombis y el riesgo de impago en un círculo vicioso casi sin retorno”.

Antes de la llegada de la creciente inflación, la realidad de los plazos de pago en España era preocupante en el contexto pospandémico en el que nos encontramos. Para Cañete, “la situación actual se va a agravar más de lo que imaginamos”. La pérdida de valor que producen los altos niveles de inflación a los que estamos asistiendo provocarán un “efecto multiplicador negativo sobre los ingresos de las empresas que no consigan cobrar sus facturas en plazo, enquistando la situación”.

La inflación, que no deja de ser una subida generalizada de los precios con la consecuente pérdida de valor del dinero, está estrechamente conectada a la morosidad en las relaciones comerciales. Con la subida de la inflación, los plazos de pago se alargarán, el coste financiero de los plazos de pago se incrementará, aumentará la probabilidad de impago y se reducirá la capacidad de financiación de las empresas incrementando el coste. Actualmente, a esto se sumará la tendencia al alza de los tipos de interés (será más caro y difícil financiar cada día de retraso en el cobro).

Además, se da la circunstancia de que “los estados financieros de muchas empresas grandes en España están ocultando importantes niveles de endeudamiento por confirming”, denuncia Cañete, una falta de transparencia que “conlleva la toma de riesgos de crédito innecesarios”.

Todo ello hace pensar a la PMcM en que no pararán de incrementarse las dificultades financieras para muchas pymes y autónomos, aumentando el riesgo de impago y también la proliferación de empresas zombis.

Pero, además, “la picaresca también se aprovechará de la histórica situación de inflación y repercutirá sobremanera en los niveles de morosidad hasta un punto casi sin retorno”, advierte. Cabe esperar un alargamiento de los pazos de pago al favorecer la inflación a los que tienen deudas monetarias, porque el beneficio se incrementa si no hay coste por intereses (es más barato pagar tarde, ya que el euro de mañana vale menos que el de hoy). Como la deuda comercial no devenga intereses, el deudor tenderá a incrementar su rentabilidad financiera. En este sentido, Cañete aconseja que todo contrato sujeto al paso del tiempo debe tener en cuenta la inflación.

Al hilo de esta cuestión, el presidente de la PMcM ha explicado con un ejemplo la situación que se avecina. Cuando los niveles de inflación son cercanos al 0%, como ha venido sucediendo en los últimos años, el coste de los largos plazos de pago se limita al coste de financiar el circulante y a anticipar los impuestos. Este asunto, que no es menor, se verá agravado con la inflación.

El valor nominal de una deuda siempre es el mismo, pero su valor real varía con la inflación. En el caso de la deuda comercial, sucede lo mismo. La inflación disminuye el valor real de la deuda comercial, ya que, si bien su valor nominal es el mismo, esta vale mucho menos en términos reales.

Supongamos que una pyme tiene una cuenta a cobrar por valor de 100.000 euros. Si su plazo medio de cobro es de 180 días, y la inflación es del 10%, dentro de 180 días el valor monetario de la deuda seguirá siendo de 100.000 euros, pero el valor real del dinero que perciba será de 95.000 euros. Esto sucede porque la empresa pagadora devolverá su deuda en moneda depreciada, obteniendo una ganancia por el mero hecho de retrasar el pago.

La inflación desvirtúa la relación prestamista-deudor. En el caso de las relaciones comerciales entre pymes y empresas de mayor tamaño, es habitual que sea la pyme la que otorga la financiación a la empresa grande, permitiéndole un largo periodo de financiación.

Para la empresa vendedora, la recomendación razonable es reducir los plazos de cobro, pues conforme sean más bajas las cuentas por cobrar menor será la pérdida monetaria. En sentido contrario, la empresa compradora tenderá a aumentar el plazo de pago a proveedores, obteniendo ganancias monetarias por el efecto del apalancamiento financiero. Lo mismo sucederá cuando el deudor sea una Administración Pública.

Ley concursal y créditos ICO

Existe un “peligro latente” en la coincidencia del fin del periodo de carencia de los créditos ICO con el vencimiento de la moratoria concursal el próximo 30 de junio. En opinión del presidente de la PMcM, la simultaneidad de ambos procesos “hará necesario plantear una solución concursal para las pymes y autónomos que no puedan afrontar los vencimientos de la deuda contraída”.

En cuanto a los cambios de condiciones para acceder a los Créditos ICO —teniendo en cuenta que las pymes se encuentran en una situación de sobreendeudamiento y con unos niveles de solvencia claramente afectados— la PMcM ha alertado del riesgo de que algunas pymes y autónomos puedan quedar fuera de estas medidas, teniendo que recurrir a nuevos endeudamientos para poder hacer frente a las obligaciones derivadas de los préstamos Covid-19 contratados al inicio de la pandemia. Según su presidente, “hace falta una ampliación inmediata de la moratoria y también del plazo de amortización, y que sea aplicable. Es fundamental que el hecho de acogerse a los nuevos criterios ICO no perjudique a la calificación crediticia de riesgo de las pymes que los soliciten”.

Durante la Asamblea Abierta, que tuvo lugar en la Oficina del Parlamento Europeo en España, Cañete también explicó que son insuficientes las últimas medidas que está preparando el Gobierno (el Proyecto de Ley “Crea y Crece” y el nuevo plan de pago a proveedores de ayuntamientos). Además, instó a incluir un “pacto de pagos” dentro del Pacto de Rentas y recordó que en el ámbito de la morosidad la herramienta principal y definitiva es instaurar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas (parado en el Congreso desde hace casi dos años).

Asimismo, aseguró que la PMcM “tiene como objetivo impulsar el cumplimiento de la legislación vigente relativa a los pagos, y generar iniciativas que tengan por objeto reducir la morosidad; solo con una actuación conjunta podremos cambiar la situación y demostrar que los empresarios no estamos dispuestos a que los intereses de unos pocos perjudiquen a los de todos; queremos competir en igualdad de condiciones que nuestros homólogos europeos”.