Actualizado el 24/01/2023 14:37 Compartir
Tanto PIMEM como ADNEA aseguran que no se quedarán con los brazos cruzados y han anunciado seguimiento, investigación y denuncia del proceso que se está llevando a cabo. Para la asociación se trata de un proyecto “dado a dedo” con un fuerte perjuicio a todas las empresas industriales del sector y en favor de una gran empresa. Para el presidente de PIMEM, Jordi Mora “a pesar de su legalidad es un modus operandi más propio del siglo XX que del siglo XXI ya que lo que pesa son las influencias de empresas poderosas, propietarios muy influyentes y relaciones directas con Puertos del Estado”.
La patronal mallorquina ha explicado en su comparecencia que la APB aplica una norma “desfasada” para terminar favoreciendo a la gran empresa. Y es que ante el abanico temporal que permite la ley para presentar un proyecto, entre uno y tres meses, finalmente coge sólo uno e incomprensiblemente se publica el 29 de diciembre en plenas fiestas de Navidad. “Estamos ante un claro pelotazo empresarial de 125.000 m2 de espacio público en el Puerto de Palma” añadía Mora. Y es que para PIMEM la ley de contratos públicos de 2017 deja claros 8 principios que hoy no se cumplen. “Ni seguridad jurídica, ni defensa de la competencia, eficiencia, igualdad de trato, transparencia, no discriminación, proporcionalidad e integridad…ninguno de estos principios se cumple” según el presidente de la Federació. Mora asegura que “es el momento de emplazar a los políticos de Balears a dar la cara por las empresas de Mallorca y no favorecer un monopolio prehistórico que mueve los hilos desde Galicia. Permitirán las administraciones este pelotazo empresarial durante este 2023”.
Por su parte la miembro de la ejecutiva de ADNEA, Rocío García, ha asegurado que “a pesar de que todo es legal se mire como se mire no es ético. Las consecuencias de esta decisión afectan a centenares de empresas mallorquinas que pueden ver comprometida su viabilidad y poner en riesgo cientos de trabajadores y trabajadores de manera directa e indirecta”.
Por otra parte, ADENEA ha propuesto y defiende un modelo de concurso público con gestión de varadero abierto, donde las pymes y los autónomos puedan instalar sus empresas, desarrollar sus proyectos y crear nuevos puestos de trabajo. Y es que para PIMEM el varadero cerrado es sinónimo de monopolio y la nula competencia provoca según el miembro de la ejecutiva de ADENEA, Javier Calamarde, “fuga de clientes ya que huyen a otros puertos por falta de diversidad de oferta y precios”. El mismo Calamarde ha denunciado la pérdida de tiempo y el engaño que han supuesto las reuniones con la administración tras 4 años de encuentros y ahora sólo falta pedir “explicaciones, diálogo y una verdadera apuesta por el varadero abierto por el bien de todos”.
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