Aneval considera que la proposición no de ley de Baleares atenta contra el concepto de movilidad geográfica del rent a car

Aneval, la asociación que agrupa a la mitad del mercado del rent a car en España, considera que la proposición no de ley que aprobó la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament balear el pasado martes, atenta directamente contra la esencia del rent car, cuyo modelo de negocio se basa precisamente en el concepto de movilidad geográfica o libre circulación entre territorios.

En esta proposición no de ley se instaba al Gobierno central a acometer cambios legales para que los vehículos que circulan en Baleares, y en particular los de las empresas de alquiler, paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) -más conocido como impuesto de circulación- en las islas.

Con esta normativa, el Parlament balear no tiene en cuenta la operativa del rent a car, caracterizada por dotar de movilidad a todo el Estado y no sólo a un territorio, puesto que un coche que se matricula en Baleares puede terminar prestando servicio en cualquier zona del territorio peninsular con independencia de donde se haya registrado.

La asociación, que se suma así a Feneval en el rechazo a esta proposición, considera que la puesta en marcha de esta normativa podría dañar al sector turístico balear, dando lugar a dos escenarios distintos y a cuál de ellos más perjudicial para la principal fuente de ingresos de las islas.

En un primer supuesto, esta medida podría derivar en una flota de vehículos cautiva y radicada en un solo territorio, lo que provocaría problemas de colapso en una comunidad ya de por sí muy saturada. Y, en otro, esa propuesta podría llevar a las compañías de rent a car a contar con menos vehículos en las islas al tener una demanda itinerante, lo que conllevaría una falta de oferta en periodos de temporada alta, donde estos servicios están más solicitados.

Reformar la Ley de Haciendas Locales

En materia legal, Aneval señala que el impuesto de circulación es un tributo estatal cuya recaudación está cedida a los municipios, por lo que las comunidades autónomas no pueden entrar libremente en su regulación, por lo que tendría que ser el Gobierno central quien, en todo caso, propusiera a las Cortes una reforma del artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que afectaría al total del territorio nacional, no únicamente a Baleares; algo que a la asociación se le antoja como sumamente complejo, máxime con un Gobierno en funciones.

Según el director corporativo de Aneval, José Luis Sanz, “la Comisión de Expertos que revisó en 2017 el modelo de financiación local, recomendó que el ayuntamiento que sufre los daños ambientales producidos por un vehículo sea aquel que se vea compensado con los ingresos derivados del tributo. Por otro lado, vale la pena recordar que el sector del rent a car tan sólo representa un 11% de la flota circulante en Baleares, según un estudio de Meteoclim encargado por el propio Govern, por lo que no se le puede acusar de saturar las carreteras del archipiélago”.