Intervienen una partida de 7.200 huevos provenientes de la península por presunto fraude en el peso

En la inspección, que forma parte de los controles habituales que lleva a cabo el Govern y que incluyen la vigilancia sobre los productos importados de fuera de las Islas Baleares, se ha comprobado que más del 50% de los huevos tenían un peso inferior al mínimo establecido por la normativa

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante el Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha intervenido una partida de 7.200 huevos provenientes de la Península por presunto fraude en el peso (calibración). En la inspección, que se ha hecho a un distribuidor agroalimentario local, se ha comprobado que el producto no coincidía con las características indicadas en el etiquetado. En concreto, se ha determinado que el 54% de los huevos de la partida intervenida tenían un peso inferior a 73 gramos, que es el mínimo establecido por ley (la normativa marca que se puede producir un error en la calibración como máximo en un 5% de la partida).

Esta actuación, según ha destacado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, forma parte de los controles habituales que lleva a cabo el Govern y que incluyen la vigilancia sobre los productos importados de fuera de las Islas Baleares. «Este tipo de infracciones suponen un agravio para el consumidor. Además, se trata de un hecho que comporta la competencia desleal para los operadores agroalimentarios locales», ha explicado el conseller.

En este sentido, en palabras de Simonet, «una de las principales demandas que nos hace el sector es que controlemos los productos que vengan de fuera del archipiélago para que cumplan la normativa». Por eso, ha subrayado el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, «desde el Govern continuaremos haciendo campañas de control para el cumplimiento de las normas de comercialización, con la finalidad principal de defender y proteger los intereses legítimos de los agentes del sector y de los consumidores».

Con todo, desde la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural se recalca que los incumplimientos de la normativa vigente pueden suponer sanciones administrativas. En el caso de infracciones graves, las sanciones van desde los 3.000 hasta los 15.000 euros o cinco veces el valor del producto.