Educación modifica la orden de admisión a FP para garantizar más equidad en el acceso a los estudios

La Conselleria de Educación y Universidades presenta hoy, en las Mesas Sectoriales de Educación, de Diálogo Permanente con los Directores de los Centros Educativos de las Illes Balears, de Diálogo Permanente con las Familias del Alumnado y de Docentes, el proyecto de Orden de regulación de admisión y matrícula en las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo de las Illes Balears, así como la modificación de la orden del conseller de Educación y Cultura de 13 de septiembre de 2004. Mañana jueves está previsto que se celebren las mesas de Enseñanza Privada Concertada y la del Alumnado.

Entre las novedades destacadas, se establece que todas las opciones elegidas por los alumnos de los certificados de profesionalidad, los grados básico, medio y superior, así como los cursos de especialización, se baremarán según su nota. Esto significa que, en el proceso de admisión, los estudiantes que seleccionen múltiples opciones tendrán la posibilidad de acceder a cualquiera de ellas en función de su rendimiento académico, por delante de otros alumnos con notas inferiores.

Según la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, esta medida tiene como objetivo hacer el sistema más equitativo y garantizar que los estudiantes puedan acceder a los estudios que desean, siempre priorizando el criterio académico.

Los certificados profesionales se normalizan en los centros educativos, configurándose como una opción más en el desarrollo formativo de la ciudadanía.

Los alumnos interesados en estos grados podrán acceder a ellos mediante pruebas específicas que acrediten los conocimientos y habilidades requeridos.

Esta reestructuración refuerza el compromiso del Govern de las Illes Balears con el impulso de la Formación Profesional, ampliando las oportunidades de acceso y asegurando que nadie quede excluido de una formación de calidad.

El nuevo proyecto de Orden también introduce una disposición final que garantiza el derecho de las familias a elegir la lengua del primer aprendizaje en el momento de formalizar la matrícula en 4º de educación infantil o en el primer ciclo de primaria.