Reclaman que se tenga en cuenta la insularidad y la infrafinanciación de las Illes Balears en la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario

El pasado viernes se constituyó la Comisión de Trabajo para la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con la participación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, representantes sindicales, representantes de las universidades y 6 comunidades autónomas, incluyendo la comunidad autónoma de las Illes Balears.

La comisión tiene como finalidad abordar el desarrollo y aplicación de la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario que se encuentra en vigor. Esta ley fue aprobada sin consenso y sin establecerse un sistema de financiación de las universidades, que les permita implantar la nueva normativa.

Así, los aspectos más importantes que se tratarán en esta comisión serán, por un lado, la flexibilización y extensión de las fechas límite para la aplicación de algunos aspectos de la LOSU y por otro, el establecimiento de un sistema de financiación que tiene que garantizar que en 2030 se destine un mínimo del 1% del PIB del conjunto del Estado a la educación universitaria pública.

El director general de Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors, Sebastià Massanet, ha valorado positivamente la constitución de la Comisión de Trabajo, "una iniciativa necesaria, pero que llega tarde, existiendo una gran incertidumbre en las universidades y las comunidades autónomas respecto a la financiación de la aplicación de la ley".

Desde las comunidades autónomas, se ha recordado que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) obliga al Estado a asumir los gastos derivados de una normativa estatal que afecte competencias delegadas en las comunidades autónomas, aspecto que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no está teniendo en cuenta en su propuesta inicial de negociación. Desde las Illes Balears, se ha reclamado que en la distribución de la financiación que aporte el Ministerio se tenga en cuenta la insularidad, la infrafinanciación de las Illes Balears y el hecho que algunas universidades, como la Universitat de les Illes Balears (UIB), en un ejercicio de responsabilidad, han adecuado ya sus estructuras docentes al marco legal y a estas alturas se encuentran con problemas de financiación.

Finalmente, se ha exigido que cualquier flexibilización y extensión de las fechas límite de algunos aspectos de la ley se materialice con la reforma legislativa correspondiente cuanto antes a fin de aportar seguridad a las universidades.