Actualizado el 10/05/2022 14:02 Compartir
El gobierno balear sabe perfectamente que ningún centro escolar público de Baleares permite que el castellano sea lengua de enseñanza y que la omisión normativa en este asunto es precisamente la que permite que se infrinja el ordenamiento jurídico. No sirve alegar que esta sentencia no es aplicable en Baleares, porque la jurisprudencia y doctrina en la que se basa es de aplicación estatal. Más pronto que tarde, también el TSJ de Baleares obligará por sentencia a aplicar el mínimo del 25 por ciento. "Pero, desgraciadamente, Martí March y Armengol prefieren dilatar todo lo que puedan la actual situación de discriminación lingüística, porque creen que la inmersión obligatoria en catalán es un axioma superior a la ley y jurisprudencia"
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