El Gobierno evita comprometerse a que el catalán se equipare al castellano en el Parlamento Europeo por ser inviable

El Gobierno ha evitado comprometerse con la equiparación del catalán y el castellano en el Parlamento Europeo alegando que la institución ya lo desechó al considerar inviable, por su elevado coste, el uso en condiciones de igualdad de todas las "lenguas regionales" de la Unión.

Así lo ha puesto de manifiesto el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el escrito que ha remitido a En Comú Podem en respuesta a la pregunta que le planteó en julio la confluencia catalana de Unidos Podemos para conocer si el Gobierno tiene previsto pedir al Parlamento Europeo que autorice el uso del catalán, el euskera y el gallego, del mismo modo que ya se usa el castellano, cuyo nivel en la institución es similar al inglés.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno recuerda a En Comú que actualmente el Parlamento Europeo ya permite que la ciudadanía se pueda comunicar en las lenguas regionales con las Instituciones europeas y reciba una contestación en la misma lengua, y que los representantes españoles puedan "realizar intervenciones orales en las lenguas cooficiales distintas del castellano bajo determinadas condiciones".

EL CASTELLANO, ÚNICA LENGUA OFICIAL Y DE TRABAJO

Según el acuerdo que alcanzó en 2005 el Consejo de ministros de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE, tras la petición realizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los representantes españoles pueden usar lenguas cooficiales siempre que se pida con antelación y su país asuma el coste que conlleva. Precisamente, el actual ministro de Exteriores, Josep Borrell, ostentaba entonces la Presidencia del Parlamento Europeo.

En dicha reunión de 2005, el Consejo de la UE rechazó equiparar estas lenguas cooficiales al castellano, que sigue siendo, según ha recordado ahora el Gobierno en su escrito, la única lengua "oficial" y "de trabajo" en las instituciones, aunque el resto se permita en determinadas condiciones.

"Cabe señalar que las Instituciones de la Unión Europea mantienen, en general, una actitud abierta hacia las lenguas regionales, aunque siempre han considerado inviable la presencia de todas ellas en todas las instituciones por el elevado coste que supondría", señala el Gobierno.

En este punto, recuerda que "la utilización de las lenguas regionales ante las Instituciones se articula a través de Acuerdos administrativos entre el Estado y la Institución europea correspondiente" y que el Gobierno ya consiguió el uso de las lenguas cooficiales en España para determinados casos.

CARTA A TAJANI

En Comú planteó al Gobierno esta petición para avanzar en el uso del catalán en el Parlamento Europeo, aprovechando el regreso del PSOE al Gobierno tras la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez en junio.

En su demanda, los socios catalanes de Podemos recordaban que el propio presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se comprometió por carta en enero de 2017 --antes de asumir el cargo-- a permitir el uso del catalán, siempre que lo solicitara antes el Gobierno español.

Tajani escribió su misiva de enero de 2017 íntegramente en catalán, cuando todavía era vicepresidente del Parlamento Europeo, y en respuesta a la carta que le enviaron previamente seis eurodiputados catalanes, entre ellos, Ernerst Urtasun, de ICV, partido integrado en En Comú Podem.

En su respuesta, Tajani se comprometía a "no poner obstáculos" a permitir el uso del catalán, si resultaba elegido presidente del Parlamento Europeo --como después ocurrió--. Eso sí, señalaba que para adoptar esta decisión, era necesario que lo pidieran "las autoridades nacionales ante el Parlamento".

EN COMÚ, "ENORMEMENTE DECEPCIONADO"

La respuesta que ahora ha dado el Gobierno a En Comú no ha gustado a los catalanes y la considera "una enorme decepción". "Es diametralmente opuesta a sus manifestaciones respecto a la voluntad de proteger la denominada España plural, el plurilingüismo como elemento generador de riqueza cultural, social y económica", ha afirmado el diputado Jaume Moya en declaraciones a Europa Press.

"Si el presidente Tajani abre la puerta a que sean las autoridades del Gobierno las que solicitan que las lenguas cooficiales sean lenguas de trabajo en la Unión Europea, lo que tenía que hacer el Gobierno era instar este reconocimiento y no refugiarse en los pretextos de que ello supondría un exceso de gasto para la Unión Europea", ha defendido.

A su juicio, los derechos lingüísticos de la ciudadanía, "como Derechos Humanos que son", deben quedar por delante de las cuestiones económicas. "Es una enorme decepción la respuesta que nos da el Gobierno de España que nos preocupa en hasta donde llega esa voluntad de la nación de naciones ese estado plurinacional", ha apostillado.