El Consell de Mallorca celebra la sentencia que anula el registro único estatal de alquiler turístico impuesto por el Gobierno central

El Consell de Mallorca expresa su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Registro Único de arrendamientos de corta duración al considerar que el Estado carece de las competencias para establecer este tipo de regulación frente a los registros autonómicos ya existentes en lo que respecta a la inscripción de inmuebles destinados a alquiler turístico, un hecho que evidencia el fracaso de una norma que ha generado inseguridad jurídica y un grave perjuicio al sector.

El consejero de Turismo, Guillem Ginard, ha declarado que «desde el Consell de Mallorca valoramos positivamente la decisión del Tribunal Supremo porque confirma aquello que ya habíamos advertido en distintos foros desde el primer momento: no se pueden impulsar medidas de esta trascendencia sin seguridad jurídica, sin consenso con los territorios e invadiendo competencias que corresponden a las comunidades autónomas y, en el caso de Mallorca, al Consell de Mallorca».

También ha añadido que «el balance de este registro único estatal es evidente: tiempo perdido, confusión normativa y un perjuicio innecesario para un sector turístico que necesita estabilidad y reglas claras, no improvisaciones. Durante meses, empresas, propietarios y profesionales han tenido que convivir con dudas e incertidumbres derivadas de una regulación que finalmente ha quedado desacreditada judicialmente».

En el caso de Mallorca, este registro único estatal suponía también que una parte importante de la oferta reglada de alquiler turístico existente en la isla quedara de fuera, concretamente los inmuebles que tan solo son de actividad turística, según Decreto Legislativo 2/2005. Hay que destacar que además ha generado una importante carga de trabajo a los consejos insulares con las tramitaciones de los certificados que exigía el registro único estatal y, perjuicios económicos al sector.

Desde el Consell de Mallorca se insta en el Gobierno central a la adopción de medidas contra los responsables de imponer estas medidas, todo y a pesar a las reiteradas advertencias de instituciones como el Consell y, debido al perjuicio causado al sector turístico de Mallorca.