Actualizado el 10/10/2022 10:33 Compartir
El organismo balear ya había multado en junio de 2022 a la compañía aérea con 3.600 euros por poner a disposición de los usuarios un teléfono geográfico -no gratuito- en su página web. La propia Air Europa señalaba que "si la llamada es a un número local, supone un coste para el cliente, Air Europa Líneas Aéreas SAU lo reembolsará una vez acreditado. No se trata de un teléfono de atención al consumidor gratuito".
Tras tener conocimiento de la sanción, FACUA quiso comprobar si la aerolínea había modificado su página web para cumplir la legislación. La empresa, sin embargo, sólo añadió un teléfono 900 -gratuito- con la descripción "Atención al Cliente", y la aclaración de que es sólo para "Clientes con reserva". El resto de gestiones, así como la línea general que anuncia en la página principal de su web, se siguen teniendo que realizar mediante numeraciones geográficas.
La asociación, por tanto, decidió plantear una nueva denuncia contra Air Europa al seguir incumpliendo la normativa.
Nuevo expediente sancionador
Ahora, la resolución de la administración balear, firmada por su director general de Consumo, Félix Alonso, señala la apertura de un nuevo expediente sancionador contra Air Europa por "poner a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica que no tiene carácter gratuito, siendo el servicio que ofrecen de carácter básico de interés general", pese a que se trata de una obligatoriedad recogida en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Así, la Dirección General de Consumo de las Islas ha calificado esta infracción como "leve" y ha propuesto una sanción en su tramo máximo, 4.500 euros, atendiendo a que la aerolínea incurre en los agravantes de "reiteración en la conducta infractora" y de que la irregularidad afecta "bienes de uso o consumo común, ordinario y generalizado".
Pese a ello, FACUA ha podido comprobar que Air Europa sigue sin modificar su página web para cumplir con la legislación, por lo que espera que se le impongan multas más contundentes si sigue incurriendo en la irregularidad una vez finalice este segundo expediente por parte de Baleares y se le incoe la sanción correspondiente.
La asociación señala también que resulta necesario modificar las diferentes normativas de consumo -estatal y autonómicas- para que queden reflejadas multas mucho más elevadas para las empresas que no sólo cometan una irregularidad, sino que además decidan reincidir en ellas, ya que actualmente el coste económico que consiguen suele ser muy superior al importe de la sanción en cuestión. Así, deben ser cantidades realmente disuasorias, para evitar que continúen en su empeño de incumplir la legislación.
Sin respuesta de Consumo
FACUA recuerda que, hasta la fecha, ni el Ministerio de Consumo ni la inmensa mayoría de autoridades de consumo autonómicas han contestado a las denuncias presentadas por la asociación en el marco de esta campaña.
La asociación lamenta la dejación de funciones que está haciendo la Dirección General de Consumo del Ministerio de Alberto Garzón a este respecto. El organismo no ha dado respuesta a ninguna de sus denuncias, en las que la asociación le viene solicitando que se dirija a las empresas para instarlas a cumplir la legislación y pida a las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas que les abran expedientes sancionadores.
Tampoco las administraciones autonómicas de consumo están dando respuesta masiva a estas denuncias. Hasta la fecha,además de Consumo de las Islas, que ha abierto también expedientes sancionadores a las aerolíneas Iberia, Level, British Airways, EasyJet y Volotea, a las empresas de mensajería Celeritas y GLS, a las aseguradoras Santa Lucía, Cáser y Fénix Directo y a Securitas Direct, sólo han actuado los servicios de consumo de Melilla contra la Clínica Rusadir, el Principado de Asturias contra DHL y el Hospital Begoña de Gijón, el Instituto Gallego de Consumo a Banca March, y el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León contra Palbus, la empresa de autobuses de Palencia.
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