5.353 trabajadores públicos de Balears se verán afectados por la nueva Ley de interinos

La Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad ha entregado hoy al Parlamento de las Illes Balears el informe sobre la temporalidad en la función pública, del cual la principal conclusión que se extrae es que la condición de víctimas de abuso en la relación de servicio sólo puede ser reconocida caso por caso, en consideración a la situación particular de los peticionarios, por los tribunales españoles.

El informe, elaborado por los servicios jurídicos de la Dirección General de Función Pública, aporta diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la del 14 de septiembre de 2016 y la del 19 de marzo de 2020, en la cual se concluye que «no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación de derecho interno, puesto que esta tarea afecta los tribunales nacionales competentes, los cuales tienen que determinar si el que dispone la normativa nacional aplicable cumple las exigencias establecidas en la Directiva europea».

Además, el informe destaca la necesidad de tener en cuenta la presunción de legalidad de las actuaciones administrativas y, en todo caso, la apreciación de abuso en la relación de servicio correspondería a los órganos jurisdiccionales de cada país.

En este sentido, se insiste en el hecho que la Administración en ningún caso puede ocupar la posición de los órganos jurisdiccionales y acordar la inaplicación no sólo de reglamentos, sino incluso de leyes y de la misma Constitución española, sustrayendo así a la ciudadanía un determinado número de plazas y de puestos de trabajo que según el ordenamiento jurídico español tienen que ser objeto de provisión en conformidad con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Por lo tanto, la Administración no puede incumplir las leyes actuales y corresponde a los tribunales de justicia decidir si hay plazas en situación de abuso.

Finalmente, el informe aporta el número de plazas que se verían afectadas por el Proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública, aprobado definitivamente ayer en el Senado. En concreto, son 5.353 plazas ocupadas temporalmente los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, de las cuales 468 corresponden a los servicios generales de personal funcionario, 177 a los servicios generales de personal laboral, 3.061 al personal estatutario y 1.647 al personal docente.

El objetivo de esta Ley es reducir la temporalidad en el conjunto de las administraciones por debajo del 8 %. Los procesos selectivos para estas plazas se tendrán que ofrecer antes del 1 de junio de 2022.