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En 2020 en Mallorca los 16 inspectores en ordenación turística emitieron 168 resoluciones sancionadoras

En 2020 en Mallorca los 16 inspectores en ordenación turística emitieron 168 resoluciones sancionadoras

Actualizado el 12/11/2021 16:32                Compartir

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern de les Illes Balears, Mercedes Garrido, ha reunido el plenario de la Comisión Mixta de Transferencias Govern– Consells Insulares, con representantes de las consellerias de Modelo Económico, Turismo y Trabajo; Hacienda y Relaciones Exteriores; Movilidad y Vivienda; Agricultura, Ganadería y Pesca; Asuntos Sociales y Deportes y Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática. También han asistido representantes de los consells de Ibiza, Mallorca, Formentera y Menorca.

La reunión ha servido para ratificar el traspaso de las competencias de Ordenación Turística al Consell de Mallorca y terminar el acuerdo que, mediante los pasos administrativas pertinentes, supondrá el trasvase de plazas de la Relación de Puesto de Trabajo (RLT) de inspector turístico, con sede en Palma, a cada Consell Insular que recibió las competencias entre 1995 y 1996. En concreto, son 4 plazas de inspección para Ibiza, 3 para Menorca y 2 para Formentera (1 inspectores + 1 administrativo).

El objetivo es homogeneizar el actual traspaso de funciones y servicios al Consell Insular de Mallorca (cuya fecha efectiva es el 1 de enero de 2022) con el que se realizó en 1996 con los Consells de Menorca e Ibiza-Formentera (entonces no existía Consell Insular propio de Formentera).

El coste de las plazas de inspección mencionadas se sufragará, como es el caso de Mallorca, con aquello que se recaude en concepto de sanciones.

En este sentido, y a modo de ejemplo, el 2020 en Mallorca los 16 inspectores en ordenación turística emitieron 168 resoluciones sancionadoras, en virtud de las cuales se recaudaron 2.510.111 euros. Esta cantidad supone una media de 157.000 euros por inspector. Haciendo una proyección al resto de Islas, contando con los 4 inspectores que tendrá Ibiza, la cantidad que resultaría seria de más de 600.000 euros recaudados en un año. En Menorca, con 3 inspectores, la cifra sería de más de 470.000 euros.

Por otro lado, la Comisión Mixta de Transferencias ha aprobado el traspaso de las competencias de Ordenación Turística al Consell de Mallorca, el cual podrá gestionar a partir del próximo 1 de enero de 2022 tanto la ordenación turística de la isla como también su promoción, una competencia que ya se traspasó durante la pasada legislatura.

El Consell Insular de Mallorca era el único que todavía no tenía traspasada la competencia de ordenación turística y fruto de este acuerdo será efectiva ya a partir de enero, excepto el CBAT (Consorcio de plazas turísticas de la isla de Mallorca), cuyo traspaso tendrá efectos el 1 de abril de 2022, puesto que se necesita un tiempo de adaptación para sus estatutos. Entre las funciones que podrá ejercer la institución insular se encuentran la planificación y la gestión de la oferta turística, la facultad inspectora y también la potestad sancionadora.

Además, su gestión por parte del Consell implicará que la institución insular pasará a ejercer las funciones administrativas en relación con las empresas, las actividades y los establecimientos turísticos, además de las competencias que ahora tiene el Govern respecto del CBAT.

El acuerdo prevé el traspaso efectivo de 61 lugares de trabajo que se integrarán dentro de la estructura del Consell de Mallorca, afectando los servicios de ordenación turística, inspección y estrategia, el servicio técnico y el de control de empresas y actividades.

Ahora, este acuerdo tendrá que ser ratificado por el plenario del Consell de Mallorca y después, ser aprobado de forma definitiva por el Consell de Govern.

Hay que recordar que el Govern continuará definiendo la estrategia turística de la Comunidad Autónoma y mantendrá la capacidad normativa como hasta ahora. Además, el Ejecutivo autonómico realizará también la planificación general de la actividad económica que afecta el sector turístico y ostentará la representación institucional en las relaciones con el Estado, así como con el resto de CCAA, organizaciones y entidades, nacionales e internacionales, cuando se refieran a ámbitos de ordenación turística respecto a las que haya que desarrollar actuaciones de interés general para las Illes Balears porque afectan a más de un territorio insular.

Este acuerdo se hace siguiendo lo que marcan los Acuerdos de Bellver y cumpliendo con el acuerdo de la III Conferencia de Presidentes y Presidentas, celebrada a Raixa el 11 de septiembre del 2020.

De este modo, el Govern continúa avanzando en lo que marca el Estatuto de Autonomía, con el planteamiento que cada isla tiene su institución de autogobierno y, por lo tanto, tiene que tener la financiación y las competencias que le corresponden para servir mejor la ciudadanía.

movi

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