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Un empresario fue amenazado para no perjudicar a Cursach: 'Para que lo entiendas, Cursach es 'La Paca' de la noche'

Un empresario fue amenazado para no perjudicar a Cursach: 'Para que lo entiendas, Cursach es 'La Paca' de la noche'

Actualizado el 30/06/2016 17:56                Compartir

Un empresario que quería poner en marcha dos establecimientos de ocio nocturno en la calle Joan Miró de Palma puso de manifiesto, en el marco de la causa que investiga la presunta trama de corrupción urdida en el seno de la Policía Local, que uno de los propietarios de los locales que adquirió por traspaso le dijo que, para abrir sendas discotecas, debía hacerlo de la forma que "menos perjudicara" al conocido promotor Bartolomé Cursach, ya que "si lo hacía enfadar iba a tener grandes problemas".

Así consta en el sumario de esta causa, cuyo secreto ha sido parcialmente levantado tras 20 meses bajo sigilo judicial. Según la declaración que efectuó como testigo en dependencias del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, el mismo propietario le espetó: "Para que lo entiendas, aquí pasa igual que en Son Banya con 'La Paca, Tolo Cursach es 'La Paca' de la noche".

Según explicó, para obtener la licencia de apertura fue acompañado por ambos propietarios al Ayuntamiento de Palma, donde se entrevistó con el entonces jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, para quien el juez instructor decretó prisión provisional en el marco de estas pesquisas.

El empresario recordó que Torres le comunicó que para obtener el permiso un arquitecto del Consistorio debía pasar por su discoteca, tras lo cual "un hombre que dijo ser ese arquitecto", después de echar un vistazo al local, le espetó: "Ya está todo arreglado, ya nunca tendrás más problemas, ahora voy al Ayuntamiento, son 3.500 euros", una cantidad que el afectado entregó en ese mismo instante en metálico.

El testigo relató que tan sólo una semana después de estar en funcionamiento uno de los dos locales, dos policías de paisano, que se identificaron como miembros de la Patrulla Verde, se personaron en el establecimiento con la orden de cerrarlo. Ante esto, el empresario contactó con el propietario del local para conocer lo que sucedía y saber por qué se le había otorgado una licencia de apertura y a la semana siguiente se la denegaban.

Acto seguido, el propietario llamó a uno de los dos policías locales que se personaron, quien le respondió que "tenía órdenes de más arriba de cerrar el local". Sin embargo, éste continuó abierto, aunque una semana más tarde regresaron los mismos policías, vestidos de paisano, pero en esa ocasión con una docena de motos "con todos los agentes correspondientemente uniformados".

"Sin ofrecer motivación alguna, dijeron que el local se iba a cerrar a las 00.30 horas. Tampoco me entregaron ningún documento justificativo de ello", recordó el testigo, quien relató que, llegada la hora, desalojaron a toda la gente que había en el interior del establecimiento y procedieron a poner un candado en las puertas de acceso con una pegatina que precintaba el inmueble por orden del Ayuntamiento.

MÚSICA LATINA Y SALSA PARA NO HACER LA COMPETENCIA A CURSACH

Cuando el declarante comenzó a interesarse por las razones del cierre, manifestó, las excusas que le expusieron "eran del tipo 'se cierra porque eres quien eres', que puede ser un problema a largo plazo". También le dijeron que debía buscar a alguien a quien traspasar el establecimiento, "siempre que no fuera competencia de Cursach, es decir, música latina, salsa y flamenco".

El empresario reconoció saber que el problema que estaba causando en la zona de ocio en la que se estableció "es que hacía la competencia directa a las empresas del grupo Cursach Ocio por el aforo que atraía". Tras subarrendarlo "a unos empresarios sudamericanos", estos lo abrieron a la semana -"sin haber realizado reformas de ningún tipo"- para poner "música salsa y, por consiguiente, atraer a un público distinto al que regenta los locales del grupo Cursach".

En concreto, la presunta trama de corrupción investigada en esta causa era materializada en forma de extorsiones y amenazas a empresarios, principalmente en la Playa de Palma, en connivencia con altos cargos públicos.

En uno de sus autos, el titular del Juzgado de Instrucción número 12, Manuel Penalva, vinculaba a estos políticos -cuyos nombres evitaba mencionar- con las prácticas "pseudomafiosas" llevadas a cabo por una "organización criminal" cuyos miembros son "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas".


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