El juez prorroga el secreto de las investigaciones sobre la Policía Local ante nuevos datos incriminatorios

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha acordado prorrogar un mes más el secreto de las pesquisas en torno a la presunta trama de corrupción urdida en el seno de la Policía Local en forma de extorsiones y amenazas a empresarios, principalmente en la Playa de Palma, mediante un auto en el que advierte de que continúan practicándose "numerosas testificales que siguen arrojando datos incriminatorios contra muchos de los investigados". La causa se encuentra bajo sigilo judicial desde octubre de 2013.

En su resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez señala que se trata de "extremos que deben ser analizados de forma reservada", toda vez que incide en que aún restan numerosa documentación, dispositivos de telefonía móvil y discos duros por valorar.

El magistrado asevera además que el Ayuntamiento de Palma, "a pesar de la incuestionable colaboración dispensada en esta investigación" por la regidora de Seguridad Ciudadana y el director general de esta área, todavía no ha facilitado toda la documentación requerida al Consistorio "sin que podamos descartar en este momento la necesidad de reclamar más documentación a tenor de las pruebas que siguen practicándose".

El juez da por expuestos los hechos a los que apunta en sus autos anteriores, en los que apuntaba a nuevos altos cargos políticos -cuyos nombres evita mencionar- vinculados con las prácticas "pseudomafiosas" llevadas a cabo por una "organización criminal" cuyos miembros son "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas".

Penalva recuerda en el auto recién dictado cómo en el marco de estas investigaciones se ha acordado la prisión preventiva de un total de 16 agentes, "debido a que tras ser oídos en declaración se ha corroborado indiciariamente la realidad de los hechos denunciados, que precisan ser investigados reservadamente".

El instructor afirma además que muchos testigos "no es que tengan miedo, es que están aterrorizados, extremo que se comprueba con constante frecuencia", toda vez que "los investigados y quienes les apoyan siguen perpetrando actos de intimidación y coacción, incluso defendidos por quien fue su comisario y máximo responsable de la Policía Local".

A lo largo de sus anteriores resoluciones, el juez detallaba de forma pormenorizada las actuaciones ilegales desplegadas por los agentes investigados, a quienes se refiere como personas "sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación".

"No queda otro remedio que destacar la septicemia que invade a una parte de la Policía Local", aseveraba el magistrado, quien recrimina a su vez que, aunque "ningún colectivo está exento de padecer la existencia de personas sin escrúpulos entre sus miembros, lo que resulta absolutamente insólito y a la vez descorazonador es que la cabeza visible de esos agentes", en alusión al hasta ahora comisario jefe de la Policía Local de Palma, Antoni Morey, "ampare, aplauda y aliente a unos presuntos delincuentes que en sus propias palabras considera ejemplos a seguir".

En concreto, el juez apunta a la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho cometidos por numerosos agentes "señalados con nombres y apellidos" y cuyas conductas, añade, "están como mínimo al borde del limite jurídico que traza el tipo penal de la sedición".

"CORRUPCIÓN Y SERVILISMO"

El magistrado incidía en que la actuación de los agentes ha quedado "seriamente en entredicho en varios episodios esperpénticos" que ilustran "el grado de corrupción y servilismo que impregna a toda una institución policial, en la que además los policías honrados que cuestionaban internamente o denunciaban públicamente estas prácticas, han sido perseguidos, vilipendiados, humillados, amenazados, coaccionados, intimidados y tratados de forma desigual".

"En cambio, la actuación delictiva de otros agentes se consentía abierta y descaradamente", relataba Penalva, quien asevera que entre los ejemplos "más ilustrativos de la desidia mostrada por la cúpula policial" destaca el de los efectivos Daniel Montesinos y Miguel Estarellas, que "es el agente que con casi total seguridad, durante más tiempo y de manera más grosera y retorcida ha actuado".

Entre las actuaciones investigadas y que el juez considera reveladoras de la percepción de "absolutamente impunidad" que tienen los agentes, alude al hecho de que numerosos de los policías que han ayudado en las investigaciones han sido falsamente denunciados, además de haber sido objeto de maltrato profesional, acosados de forma sistemática y forzados a abandonar la unidad en la que se encontraban para incorporarse a otros destinos "con los consiguientes perjuicios personales, familiares y económicos" derivados del traslado.

De hecho, uno de los testigos protegidos de la causa manifestó que uno de los agentes imputados, Jaime Garau -representante del sindicato CSIF-, le advirtió de que "tuviera cuidado porque le joderían la vida" si seguía declarando "como lo hacía". Del mismo modo, añade el magistrado, dos de los colaboradores en las pesquisas fueron increpados e insultados por Garau con expresiones como "vosotros, rojos, tenéis que marcharos y salir de aquí". Sus coches aparecieron asimismo un día con dianas pintadas de rojo en el parabrisas.

El instructor subrayaba en el auto del mes de febrero "hasta qué punto los integrantes de esta trama delictiva se creen inmunes a la acción de la justicia", puesto que algunos de ellos, incluso estando en prisión, "persisten en su comportamiento coactivo y amenazador contra cualquier persona, testigo o coimputado que pueda incriminarles".

Y en este contexto, recriminaba la actitud de Antoni Morey -destituido el 22 de febrero por el alcalde de Palma-, al aseverar que "sólo se considera jefe o superior jerárquico de los auténticos policías, es decir, de los investigados y encarcelados, víctimas, como dijo en una publicación, organizada y arbitraria orquestada supuestamente por parte de los investigadores, y también de la Audiencia Provincial de Palma, que sistemáticamente ha venido confirmando todas las resoluciones".

LA EXTORSIÓN Y LAS 'MORDIDAS', EN EL "DECÁLOGO DEL POLICÍA EJEMPLAR"

"En fin, debe de ser que ahora y en el futuro que imagina el señor Morey forma o debe formar parte del Decálogo del Policía Ejemplar la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos, el trato desigual para unos empresarios y correlativo de favor para otros, las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio, las fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios y la venta por parte de agentes de policía de objetos incautados a vendedores ambulantes".

También añadía a estas prácticas el tapizado "forzoso" del mobiliario de los empresarios, la incautación para sí de sustancias estupefacientes, la venta coactiva de seguros, cámaras de vigilancia, aires acondicionados, máquinas expendedoras, la "colocación" intencionada de sustancias estupefacientes en determinados locales para así justificar su inspección y cierre, las palizas a personas vulnerables, el maltrato a las mujeres, y la asfixia económica de los empresarios que hacen la competencia a los locales propiedad de agentes de policía, y que son explotados por sí o a través de terceros interpuestos.