Sucesos

Sancionan con 75.000 euros a los promotores de la fiesta ilegal que se celebró en julio en Es Polvorí

Actualizado el 24/10/2014 16:17                Compartir

El Ayuntamiento de Santa Eulària sancionará con 75.000 euros a los promotores de una fiesta ilegal que se celebró en Es Polvorí de Santa Gertrudis los días 13 y 14 de julio.

El Consistorio ha explicado "que ha quedado acreditado que la celebración se tiene que considerar como una actividad no permanente mayor para la que no se había pedido licencia, por lo que la infracción se ha calificado como 'muy grave' de acuerdo con la ley 7/3013 de Régimen Jurídico de Instalación, Acceso y Ejercicio de la actividad en Baleares".

Según el artículo 104.2 de la misma ley, estas infracciones se pueden multar con cantidades que oscilan entre los 10.001 y los 100.000 euros. Desde los servicios jurídicos municipales se ha considerado que en este caso procedía la propuesta de una sanción incluida en el tramo más elevado "debido a las dimensiones y amplio dispositivo organizativo del evento y además, no se ha acreditado la existencia de medidas de seguridad suficientes para una celebración de este tipo dentro de una antigua instalación militar subterránea, no condicionada para tal efecto y en una zona boscosa en plena temporada de alto riesgo de incendio forestal".

Las indagaciones realizadas por la Policía Local de Santa Eulària acreditan que la celebración estaba "plenamente organizada", con vehículos lanzadera que llevaban a los asistentes desde una explanada hasta la fiesta. En el expediente se considera acreditado que el número de asistentes superó con creces las mil personas.

Con estos y otros elementos, se ha considerado que no da lugar a las alegaciones presentadas por los promotores aludiendo al hecho de que era una fiesta privada y que a los asistentes se sumaron muchas personas no invitadas a la celebración.

También se ha decretado la inhabilitación para el ejercicio de la profesión en relación a la organización y explotación de eventos de este tipo por un periodo de tres años para los administradores de la propiedad.


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