El Govern autoriza convenios para menores que deben cumplir medidas judiciales alternativas al internamiento

El Govern balear, a propuesta de la Conselleria de Familia y Servicios Sociales, ha autorizado la suscripción de sendos convenios de colaboración con los Consells de Ibiza y Menorca para programas destinados a menores que deben cumplir medidas judiciales alternativas al internamiento, es decir, no privativas de libertad.

Así, se establece un gasto de 8.000 euros en el caso de Menorca y de 6.000 para Ibiza.

Según han destacado desde el Ejecutivo, entre las medidas judiciales no privativas de libertad que pueden ser impuestas a menores o jóvenes, destaca el tratamiento ambulatorio; la asistencia a un centro de día; la permanencia de fin de semana en domicilio; la libertad vigilada, la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; la prestación de servicios en beneficio de la comunidad y la realización de tareas socioeducativas.

Asimismo, la ley también prevé la posibilidad de la conciliación con la víctima y la reparación extrajudicial del daño causado.

En concreto, los convenios mencionados son para medidas referentes a la realización de tareas socioeducativas.

De estas medidas, las libertades vigiladas y las tareas socioeducativas en algunas ocasiones incluyen un contenido específico, el cual se debe proporcionar a los menores y a la vez dar respuesta al juzgado de menores pertinente.

Entre los objetivos de esta colaboración entre el Govern y los Consells está el desarrollo de diferentes talleres educativos en las áreas de la resolución de conflictos, la orientación de drogas y las relaciones sexuales saludables.

Los convenios también contemplan el tratamiento individualizado de los menores y los jóvenes con medidas judiciales.

El Govern ha destacado que la experiencia profesional demuestra que determinados programas, talleres educativos, servicios y recursos sociales que son objeto de esta colaboración, suelen tener efectos muy positivos como generadores de un proceso de reflexión crítica de los menores o jóvenes ante su conducta y para que asuman el compromiso de respeto de los bienes jurídicos ajenos.