Sociedad

El Govern destina 442.500 euros a la Fundación Aldaba, dedicada a la protección de personas adultas tuteladas

Actualizado el 24/04/2015 19:04                Compartir

El Consell de Govern ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Familia y Servicios Sociales, autorizar la concesión de una subvención por importe de 442.500 euros a la Fundación Aldaba, dedicada a la protección de personas adultas tuteladas.

Así lo ha anunciado este viernes la portavoz del Govern, Núria Riera, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha explicado que se ha aprobado esta ayuda para que la Fundación pueda desarrollar el proyecto 'Aldaba suport', para proporcionar cuidados y atención en tres ámbitos (jurídico, social y económico) a personas adultas tuteladas.

La Fundación Aldaba, en el marco de este proyecto, atiende a personas de más de 18 años incapacitadas judicialmente o en proceso de incapacitación, siempre que no haya familiares o personas cercanas que puedan asumir adecuadamente su representación.

Actualmente, esta Fundación atiende a un total de 458 personas en Mallorca y 80 en Ibiza.

Los proyectos subvencionados pretenden ofrecer un abanico de servicios, como la atención, apoyo y protección a personas tuteladas con el fin de velar por sus intereses y derechos, proporcionándoles la protección legal necesaria y favoreciendo el reintegro de su capacidad de obrar.

Igualmente, se fomenta el área formativa, con orientación y asesoramiento a profesionales implicados en la atención y la intervención con personas que necesitan de este apoyo, así como la sensibilización y el voluntariado.

La Fundación Aldaba es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que nacida en 1999 para generar nuevos servicios que redunden en el desarrollo del sistema de los servicios sociales y el bienestar de los ciudadanos más desprotegidos.

Su trabajo se centra en la defensa y la protección de las personas adultas que han visto modificada su capacidad por sentencia judicial; así como en la intervención para favorecer su integración en la sociedad, la defensa de sus derechos y sus intereses, así como la administración de su patrimonio.

Según el Govern, desde la Conselleria de Familia y Servicios Sociales se está trabajando en un cambio de modelo en la tutela administrativa de las personas adultas incapacitadas judicialmente o en proceso de incapacitación.

Para ello se está tramitando un decreto que regulará este ámbito y, tras su aprobación, se podrá proceder a la concertación de plazas, en lugar de financiarse vía subvención como hasta ahora.

De esta forma se dará mayor seguridad y estabilidad a este servicio, además de una atención mucho más personalizada.


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