La sanción del Govern de 300.000 euros a Airbnb ya es firme, tras desestimar sus alegaciones

La vicepresidenta del Govern, y consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, ha anunciado este miércoles que la sanción de 300.000 euros interpuesta a Airbnb en febrero ya es firme en aplicación de la ley que regula el alquiler turismo y después de haber desestimado sus alegaciones.

Tras la junta sectorial de Turismo celebrada en Madrid, Busquets ha explicado que la sanción "desde hoy es firme" y que, por tanto, "ya se ha firmado la resolución para que curse la sanción".

Por otra parte, Busquets ha dado la "enhorabuena" al Gobierno central por convocar la Conferencia Sectorial de Turismo, donde han estado presentes representantes de todas las comunidades autónomas, así como la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, ya que, tal como ha recordado, "desde mayo de 2015" no se había vuelto a celebrar.

Durante el encuentro se ha tratado la regulación del alquiler turístico y, según ha explicado la vicepresidenta del Govern, se ha constatado que es una cuestión que se tiene que regular desde los gobiernos autonómicos "porque cada comunidad tiene una realidad y unos problemas territoriales muy diversos".

En la reunión, Busquets ha explicado la normativa balear sobre alquiler turístico y ha destacado que se está aplicando desde su aprobación. "Es una normativa que pone énfasis en el hecho de que la zonificación tiene que estar en manos de los consells y el Ayuntamiento de Palma", ha remarcado.

En cualquier caso, Busquets ha destacado la importancia de que a la hora de regular alquiler turístico esta actividad "sea posible allí donde es una oportunidad, donde diversifica la economía" y que pueda "ser regulada y limitada allí donde pueda ser una amenaza para el acceso a la vivienda o para la convivencia entre vecinos".

Busquets ha reivindicado que "el alquiler turístico tiene que estar regulado con leyes turísticas de las diferentes comunidades". Por eso ha alabado la intención del Gobierno central de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), "porque, de hecho, era una demanda de las islas".