El Govern aprueba un proyecto para la derogación de todas las normas que se encuentran en desuso

El Consell de Govern de este viernes ha aprobado un proyecto de ley de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y reglamentario que tiene como objetivo acabar con la "contaminación legislativa" que existe en la comunidad y afrontar las "múltiples modificaciones" que se han producido y que "dificultan la consulta".

El conseller de Hacienda y Presupuestos, José Vicente Marí, ha explicado que esta ley supone la derogación de todas las normas que se encuentran en desuso, son obsoletas o ya han perdido su finalidad. Así, ha indicado que este proyecto afecta a 250 normas.

Concretamente, se derogarán expresamente dos leyes y 223 decretos, siete leyes serán refundidas y se "establece una novedad" que consiste en el procedimiento para refundir reglamentos o decretos. "En seis meses el Govern tiene que proceder a la aprobación de estos textos refundidos".

Marí ha señalado que desde 1983 se han publicado en las islas alrededor de 400 normas con rango de ley y 4.500 reglamentos, de los cuales sobre 300 y 1.600 se encuentran en vigor. Así, el proyecto de ley busca mejorar la coherencia del ordenamiento normativo autonómico, simplificar la profusión de normas y facilitar el acceso de la ciudadanía y de los operadores jurídicos a un ordenamiento integrado por las versiones vigentes.

De esta manera, la nueva normativa autoriza al Govern a aprobar en un plazo de un año -a partir de su entrada en vigor- los textos refundidos de las leyes que se hayan modificado de manera sucesiva o dispersa.

Asimismo, el Ejecutivo balear debe elaborar en seis meses las versiones consolidadas de las normas reglamentarias que se han ido modificando en aspectos sustanciales.

Entre las leyes que se deben refundir se encuentran, entre otras, la de salud del 2003, la de patrimonio histórico de 1998 o la de ordenación de emergencias de 1998. Mientras, los decretos que se deben consolidar son el de ordenación sanitaria de 1987, el de contratación del 200 o el de las indemnizaciones por razón del servicio de personal de la administración autonómica del 2002, entre muchos otros.

Marí ha explicado fue el Instituto de Estudios Autonómicos el encargado de realizar un análisis sobre las normas dictadas para conocer la situación del ordenamiento jurídico autonómico.