Comienza la demolición de la casa ilegal de Puig d'en Serra (Ibiza)

Este martes han comenzado las labores de demolición de la vivienda ilegal de Puig d'en Serra, en el municipio de Sant Josep. El Grup d'Estudis de la Naturalesa, GEN, denunció en 1996 la construcción de esta obra en un Área Natural de Especial Interés.

El Juzgado de Primera Instancia determinó la ilegalidad de la mansión en 2004 y el Tribunal Superior de Justicia de Balears ratificó en segunda instancia la sentencia. En 2013, los ecologistas exigieron ante la Justicia que se instara a la Administración a ejecutar la sentencia de demolición.

El Consistorio de Sant Josep se encargará del derribo de la casa
de forma subsidiaria.

El GEN PEDIRÁ QUE SE CUMPLA TODA LA SENTENCIA

El GEN ha celebrado que "al fin" se ejecute la demolición y se restablezca el lugar a su estado natural, dando cumplimiento a una sentencia judicial. Asimismo, ha recordado que el ex alcalde José Serra Escandell otorgó la licencia municipal para esta mansión y han destacado que, incluso, el TSJB manifestó que "las infracciones urbanísticas son de tal gravedad que provocan escalofríos".

Los ecologistas también han manifestado que la demolición "es sólo uno de los puntos a los que está obligado el Ayuntamiento" y han explicado que judicialmente se establece que "la licencia municipal 120/92 es constitutiva de una infracción urbanística grave y manifiesta y en consecuencia el Ayuntamiento demandado deberá incoar los correspondientes procedimientos sancionadores contra los responsables del otorgamiento de las licencias anuladas".

Así, el Grup ha dicho que es un punto "ineludible y obligatorio", que debe comportar sanciones económicas para cada miembro de la Comisión de Gobierno que dio la licencia ilegal y además, debe trasladarles la obligatoriedad de pagar los gastos que el Ayuntamiento haya podido sufrir en este tema, como gastos de posibles indemnizaciones y de la demolición.

Según el GEN, "el Ayuntamiento tiene el deber ineludible de cumplir la totalidad de los pronunciamientos de la sentencia, incluida la sanción a los responsables y el traslado a los mismos de los gastos ocasionados". Además, han destacado que "el incumplimiento de estos puntos podría suponer la comisión de delitos de malversación de fondos y prevaricación por parte de los actuales miembros del equipo de gobierno". De no cumplir, según han añadido, exigirán a la Justicia que actúe en este tema.