Baleares recibe 3,3 millones por el impuesto de depósitos bancarios de 2014

Las comunidades autónomas de régimen común han recibido 187,1 millones de euros recaudados por el Estado en 2014 por el impuesto sobre los depósitos bancarios, y para Baleares van 3,3 millones por este concepto, según datos del Ministerio de Hacienda.

La cantidad abonada equivale al 50 por ciento de lo ingresado por el Estado (374 millones). El resto queda pendiente de la liquidación definitiva del impuesto por parte de las entidades financieras.

Madrid, con 66 millones, se sitúa a la cabeza, seguida por Cataluña (32 millones), Andalucía (18 millones) y Comunidad Valenciana (15,3 millones). Por su parte, Galicia tiene el quinto mayor importe (11,7).

Las cuantías abonadas al resto de comunidades son las siguientes: Castilla y León, 10,9; Castilla-La Mancha, 6,1; Aragón, 5,1 millones; Asturias, 4,5 millones; Canarias, 3,8; Murcia, 3,7; Baleares, 3,3; Extremadura, 2,7; Cantabria, 1,9; y La Rioja 1,2.

IMPUESTO POLÉMICO

El impuesto sobre los depósitos bancarios fue creado en 2013 por el Gobierno con la intención de dar un "tratamiento homogéneo" a un tributo que estaban implantando algunas comunidades. Con la regulación estatal, el impuesto desapareció en las autonomías.

El año pasado, el Ejecutivo elevó el tipo al 0,03 por ciento con efectos desde el 1 de enero de 2014, para lograr una recaudación con la que compensar los ingresos previstos por las autonomías. Para 2015, la estimación ronda los 316,7 millones de euros.

Según el Gobierno, la creación del nuevo impuesto estatal, que lo deben pagar las entidades financieras, pretende que los depósitos de los bancos reciban un tratamiento tributario homogéneo y el sistema financiero no pierda eficiencia. El objetivo es, por tanto, "potenciar y garantizar" la unidad de mercado, según el Ejecutivo.

El asunto ha provocado el intercambio de recursos entre las comunidades que habían regulado el impuesto y el Estado. La primera sentencia del Tribunal Constitucional llegó en 2012 y dio la razón a la Junta de Extremadura, pionera en crear este tributo para aumentar su recaudación.

El alto tribunal avaló la capacidad de la comunidad para regular el impuesto, entre otros argumentos, por entender que no supone una traba a la libre circulación de capitales.